Un juez suspende por primera vez en Alcalá una ejecución hipotecaria amparándose en la sentencia europea

Como ya han hecho jueces de toda España desde la publicación en marzo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un magistrado del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Alcalá ha suspendido un procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que las normas procesales españolas se ajusten a la legislación europea. La sentencia del TJUE reconoce que en España el procedimiento de ejecución hipotecaria impide a los jueces entrar a valorar la existencia de cláusulas abusivas en el contrato hipotecario; y que, cuando lo hacen, los afectados solo tienen opción a una indemnización, pero en ningún caso a recuperar la vivienda que han perdido a causa de esas cláusulas abusivas.

En su sentencia, el magistrado José Enrique Sánchez-Paulete Hernández hace referencia a la sentencia del TJUE. Sánchez-Paulete señala que “no cabe seguir aplicando la normativa vigente”; ni tampoco que “cada juez integre la normativa procesal como tenga por conveniente”. Por lo que en su sentencia decide suspender el procedimiento hasta que el Parlamento dé respuesta a “cuál es el procedimiento adecuado para invocar la existencia de cláusulas abusivas en ejecuciones en trámite”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Corredor del Henares aplaude la respuesta de este magistrado complutense y la de tantos otros que en toda España, ante la advertencia del tribunal europeo, han decidido no seguir aplicando una normativa que supone una violación de los principios de legalidad y seguridad jurídica, del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la defensa.

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, diferentes entidades de la sociedad civil y colectivos de la judicatura han denunciado reiteradamente que los procedimientos de ejecución hipotecaria masivos constituyen una violación sistemática de derechos humanos, puesto que sitúan a la persona ejecutada en una situación de absoluta indefensión. Esta posición viene ahora apoyada por la sentencia del TJUE, que declara que la normativa española no respeta el derecho comunitario y que puede existir responsabilidad del Estado por contravenirlo y por violación sistemática de derechos humanos.

La PAH seguirá solicitando, en los juzgados y en la calle, la paralización de todas las ejecuciones hipotecarias generadas por una legislación contraria a la justicia social y, ahora podemos decirlo, ilegal; hasta que sea aprobada una nueva regulación que respete los derechos de las personas.

Fotografía: Helen Boto