La Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Corredor del Henares se reúne este martes con la concejala de Servicios Sociales de Alcalá, Mercedes Gómez. El pasado viernes esta plataforma solicitó en la Concejalía participar en el Consejo Local de Coordinación Social convocado para el próximo miércoles. Según nos trasladó la Concejalía de Asuntos Sociales, nos encontrábamos fuera de plazo para solicitar la participación en el Consejo, pero nos ofreció esta reunión con Mercedes Gómez.
El Consejo Local de Coordinación Social es el órgano de interlocución entre Ayuntamiento, partidos, sindicatos y asociaciones sobre Servicios Sociales y atención social. Nuestro interés en participar en la reunión, y de ser escuchados por la Concejalía, no era caprichoso. A los perjuicios que una ley hipotecaria hecha a la medida de los bancos causa a aquellos que no pueden pagar, en muchas ocasiones en situación de exclusión social, se une la falta de respuestas por parte del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá ante el desamparo habitacional de muchas familias.
Ni las 30 casas del Fondo Social de Vivienda ubicadas en Alcalá, ni las 27 del Programa de Alquiler Social para Familias en Situación de Vulnerabilidad puesto en marcha recientemente por el Ayuntamiento de Alcalá (que además exige unos ingresos mínimos de 426 euros) son, de por sí, suficientes para el número de afectados que continúan llegando a nuestra plataforma. Y no son todos los afectados. Ni muchos de ellos, pese a las carencias que sufren, cumplen con los requisitos para acceder a una de ellas.
Fotografía: Helen Boto
Es, por ejemplo,
el caso de Raúl y Nuria, padres de dos hijas, una de ellas con una discapacidad del 70%, que viven con los únicos ingresos de 354 euros de la ley de dependencia. O el de Nicolau, padre de seis hijos, con unos ingresos familiares de 800 euros (426 de la ayuda a desempleados y la media jornada de trabajo de su mujer).
Afortunadamente, la PAH del Corredor está logrando cada semana nuevas daciones en pago para los afectados, como es el caso de Raúl y Nicolau. Pero, hasta la firma con el banco de la dación en pago, son propietarios de sus casas, por lo que no pueden optar a ninguna de estas escasas viviendas de alquiler social hasta verse ya en la calle. ¿Qué solución ofrece Servicios Sociales a estos afectados que, junto con la quita total de su deuda, firman con el banco su desahucio? Por ahora, el pago de un mes del alquiler que encuentren ellos mismos en el mercado libre. ¿Qué particular alquilaría una vivienda a Raúl o Nicolau? ¿Quién les asegura que junto con su vivienda no pierdan también la tutela de sus hijos?
No pasamos por alto que en Alcalá hay 14.000 viviendas vacías, según los datos del avance del Plan General de Ordenación Urbana. Ni que una vivienda del IVIMA puede llegar a tardar años para un adjudicatario. Ni que en la actualidad la cuota de alquiler de las viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda es ya en muchos casos superior a las de las viviendas de particulares. Tampoco que hace más de un año el Pleno Municipal aprobó la creación de una comisión para el seguimiento de los casos de los afectados por ejecuciones hipotecarias que aún no se ha convocado.
La vivienda no es cuestión de requisitos, sino de derechos humanos.
