Ayer celebramos nuestro día: el de todas aquellas personas
afectadas por la hipoteca, y el de tantos otros trabajadores, a las que un día
nos tomaron, y nos siguen tomando, por inocentes. No somos víctimas de ninguna crisis, sino de una estafa.
Estamos malviviendo. Sufrimos depresiones, estados de
ansiedad. A la pérdida del empleo y las situaciones personales y familiares que
nos llevaron a no poder pagar la hipoteca se unen el acoso por parte de los
bancos y una legislación que no nos permite rehacer nuestra vida. Esta
situación afecta también gravemente a nuestra salud y ha empujado a situaciones extremas a muchos de nuestros compañeros.
No es de extrañar que el suicidio sea ya la primera causa de muerte violenta en
España.
Cada vez son más los afectados que pese a tener un
empleo no pueden hacer frente a la hipoteca. El trabajo precario, sin condiciones dignas, y la falta de estabilidad
laboral nos impiden planificar nuestras vidas y nos empujan igualmente al
desahucio. A esto se suman el desmantelamiento de los servicios públicos, los
precios e impuestos que suben mientras menguan nuestros salarios y la falta de
oportunidades que padece nuestra juventud, sin opciones de labrarse su propio
futuro.
Esta Navidad, mientras nos enteramos de que Alcalá de
Henares será una de las localidades españolas que más gaste en el alumbrado
navideño, muchos de nuestros vecinos y
vecinas sufren diariamente cortes de luz, agua y gas. Oímos hablar de
buenos deseos, cuando muchas familias de nuestra ciudad no pueden cubrir sus
necesidades más básicas.
Nos sentimos
abandonadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que aprobó en un
Pleno la creación de una comisión de seguimiento de las personas en riesgo de
desahucio de la que únicamente se llevó a cabo una reunión, hace ya tres años,
y que ha sido olvidada por el Consistorio.
Lejos de promover el alquiler social y la vivienda
pública, desmantela la Empresa Municipal
de la Vivienda y pone en venta a fondos buitre viviendas públicas,
construidas con el dinero de todas, con sus inquilinos dentro, que no saben qué
ocurrirá cuando venzan sus contratos.
Nos sentimos
maltratadas por la Concejalía de Servicios Sociales: una institución que
supuestamente tendría que contribuir a paliar nuestra situación, pero de la que
solo recibimos malas palabras, malos gestos y malas formas.
Somos tratados como delincuentes: en lugar de con
soluciones, nos reciben con la policía en la puerta, cuando acudimos con alguna
persona afectada. Esta criminalización es inadmisible en una administración
pública y además viola derechos fundamentales.
Sufrimos, además, actitudes xenófobas por parte de la misma administración local,
cuando ellos mejor que nadie deberían saber que todas somos iguales ante la ley
y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección. Aunque tampoco recuerden
que todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna.
Porque no toleramos más
inocentadas y condiciones indignas de vida, exigimos:
-
La creación de un parque de vivienda de alquiler
social con viviendas pertenecientes a los bancos
-
Que se sancione la tenencia de propiedades por
parte de los bancos de cientos de viviendas vacías y en desuso
-
Que el Ayuntamiento tome medidas de manera
inmediata para asegurar los suministros energéticos de las familias de nuestro
municipio
-
La activación de protocolos de emergencia
municipales para que la atención social se aborde desde una perspectiva igualitaria,
no discriminadora e integradora, como es deber de toda administración pública
-
La sensibilización por parte de Servicios
Sociales con la dramática situación que atraviesan cientos de familias.
