Manifiesto

Contra el fraude hipotecario, 

por el derecho a la vivienda

1. Hay miles de familias en situaciones dramáticas, sin poder pagar la hipoteca o a punto de dejar de pagarla. Muchas ya han sido desahuciadas y otras tantas están ya en fase de ejecución hipotecaria, por lo que temen ser desahuciadas en los próximos meses. La mala regulación del sistema bancario español hace que no sólo corran el riesgo de perder sus casas y quedarse en la calle, sino también de mantener parte de la deuda, ya que ahora los bancos están tasando las mismas viviendas a precios inferiores.

2. La administración no está proponiendo ninguna solución. La “moratoria ICO”, anunciada por el gobierno, no sólo no resuelve el problema sino que lo aplaza y lo complica al aumentar los intereses. Además, los criterios de aplicación dejan fuera a las familias en situación de mayor vulnerabilidad y en muchos casos los bancos se niegan a aplicarla, ya que no están obligados.

3. Las personas hipotecadas denunciamos que somos víctimas de un fraude hipotecario generalizado y de unas cláusulas contractuales abusivas. Fueron los bancos los que facilitaron y otorgaron hipotecas a pesar de que muchos de nosotros no éramos sujetos de crédito y teníamos unos ingresos bajos. Sobrevaloraron la tasación de la vivienda , inflando el precio, y aumentando así la deuda contraída. Pero la lista de irregularidades no acaba aquí: comisiones abusivas; contratación obligada de seguros caros e inútiles; intereses variables referenciados al euríbor más unos diferenciales desorbitados; información sesgada, cuando no engañosa, sobre posibles aumentos de la hipoteca, etc. Todo ello con una finalidad inequívoca: optimizar beneficios y sortear los controles de riesgo que todo sistema crediticio razonable debería tener.

No negamos nuestra parte de responsabilidad al haber firmado un contrato que a día de hoy no podemos mantener, a pesar de las condiciones fraudulentas en que se pactaron muchas de estas hipotecas. Sin embargo hasta ahora el índice de morosidad de las familias ha permanecido increíblemente bajo. A diferencia de los bancos, que ante el estallido de la crisis no han dudado en exigir dinero público, las familias endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y los intereses se lo han permitido. Ahora que ya no pueden hacerlo, la respuesta de las entidades crediticias ha sido intentar renegociar a favor de la entidad o el recurso fulminante a la ejecución hipotecaria. Con un agravante: dada la “desvalorización” sufrida por los pisos, es posible que quien los pierda siga debiendo dinero a la entidad que astutamente lo endeudó.

Además de este cúmulo de irregularidades y despropósitos, no debemos olvidar la responsabilidad de las distintas administraciones públicas que han desarrollado una legislación que solo ha promovido el acceso a una vivienda en régimen de propiedad como única forma de acceso a una vivienda estable y segura y que en la práctica ha significado el sobreendeudamiento de las familias, marginando otras formas de acceso a la vivienda como el alquiler. La desgravación fiscal de la compra, la inestabilidad e inseguridad de los inquilinos ante una ley de arrendamientos urbanos que defiende los intereses del propietario, la desregulación del mercado hipotecario que permite hipotecas a 50 años, la inexistencia de un parque público de alquiler y la falta de control y restricción sobre el crédito, han empujado a millares de familias a endeudarse por encima de sus posibilidades para acceder a una vivienda.

Además los bancos, junto a inmobiliarias, administraciones y medios de comunicación, durante muchos años repitieron que alquilar era tirar el dinero, que era mucho mejor comprar y que los precios de los pisos nunca bajarían. Bajo estas condiciones, inmobiliarias, bancos y cajas aprovecharon ese contexto objetivo y dedicaron todo su aparato propagandístico a incentivar la compra y el sobreendeudamiento.

Por todo ello la asamblea de afectados por la hipoteca exige soluciones. Soluciones que son justas, posibles y que ya que se están aplicando en otros lugares:

a) Parar los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas, hasta que se haya encontrado una solución a su situación. Y garantizar a los afectados el acceso a justicia gratuita para poder defenderse en los procesos de ejecución. En cualquier caso garantizar que ninguna persona se quede en situación de desamparo habitacional: un Estado democrático respetuoso de los Derechos Humanos no puede permitir que miles de familias se queden en la calle a la vez que millones de pisos permanecen vacíos a la espera de ser un negocio rentable.

b) Establecer la dación en pago con carácter retroactivo, de manera que si el banco ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda, la deuda queda liquidada, como sucede en otros países de la UE o en EEUU. Es un abuso bancario que estén expulsando a la gente de sus casas y encima les exijan el pago de 20, 50 o incluso 100 mil euros.

c) Conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social. Que la administración fuerce a las entidades financieras a asumir los precios reales de las viviendas haciendo que los bancos renuncien a un porcentaje significativo de la deuda hipotecaria para que, a continuación, la administración compre la vivienda a precio de vivienda protegida de régimen general y el antiguo propietario pueda permanecer en ella como inquilino de vivienda protegida, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos para ser beneficiario de la misma. Así no sólo se ayudaría a las familias hipotecadas, sino que ganaría toda la sociedad al aumentar el parque de vivienda pública en alquiler. Una versión de esta medida se está aplicando ya en el País Vasco, por lo que se trataría de extenderlo al resto de comunidades autónomas.

d) Realización de una Auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario. Existen indicios fundados que nos indican que la ciudadanía ha sido objeto de un gran fraude que debe ser investigado para poder establecer las responsabilidades de entidades empresariales, bancarias, así como de las instituciones públicas. La misma auditoría debería aclarar dónde han ido a parar los beneficios millonarios que se generaron durante el boom inmobiliario.

e) Establecer los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras. En el caso del mercado hipotecario, establecer por ley que el pago de la cuota mensual hipotecaria en ningún caso sea superior al 30% de los ingresos de la persona o unidad familiar, a un plazo máximo de 20 años.

Invitamos a las personas afectadas a sumarse a esta Plataforma: la unión es la mejor manera que tenemos ahora para vencer el miedo, las amenazas y los abusos de los bancos.

También invitamos a entidades y colectivos sociales a apoyar este manifiesto, porque es una tarea de toda la sociedad el forzar un cambio de modelo: de la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda.

Así mismo, invitamos a las administraciones a establecer un diálogo para avanzar en la aplicación de estas medidas. Mientras éstas no se apliquen, anunciamos que iniciaremos movilizaciones y las acciones necesarias para hacer respetar nuestros derechos.

Stop Desahucios

Entre 2007 y 2011 se producirán cerca de 500.000 ejecuciones hipotecarias en el estado español. Centenares de miles de familias que serán desahuciadas de sus casas por las mismas entidades financieras que han provocado la crisis y que han sido rescatadas con dinero público. Es inadmisible e intolerable que en un Estado Social y Democrático de derecho se estén produciendo centenares de miles de desalojos a la vez que existen millones de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social.

Las administraciones publicas, lejos de dar respuesta a esta situación de emergencia habitacional y detener la sangría de desalojos, parece más dispuesta a amparar y proteger los intereses de las entidades financieras que a defender los derechos mas elementales de la ciudadanía. Los poderes públicos están siendo cómplices de la vulneración de este derecho básico, incumpliendo el marco jurídico estatal, así como diversos tratados internacionales que han sido ratificados por el estado español:

• Se vulnera el artículo25 de la declaración universal de los derechos humanos, que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;…”

• Se vulnera el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, donde dice que el estado esta obligado a hacer todo lo posible por impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Y que en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias. España firmo y ratifico este pacto, por lo que está obligada a respetarlo.

• Se vulnera el artículo  47 de la Constitución  Española, que dice literalmente: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. La comunidad participara en las plusvalías que genere la acción urbanística.”

Los desalojos por causas económicas (es decir, por falta de ingresos), no sólo atentan contra las necesidades más elementales de la población en un contexto de crisis, sino que además incumplen con la legalidad del propio estado. Ante la vulneración sistemática de nuestros derechos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hace un llamamiento a la acción. Estamos convencidos que ha llegado el momento de alzar nuestra voz y gritar: ¡No permitiremos mas desalojos! ¡No dejaremos que el banco nos eche de casa! ¿No permitiremos que sigáis traficando con nuestras necesidades!

Por qué parar los desalojos

La situación hipotecaria que viven miles de familias y la sobreprotección jurídica que ostentan las entidades financieras en nuestro país, es única en el mundo. La visibilidad de nuestra problemática tanto en los medios de comunicación como en la agenda política no es proporcional a la magnitud ni a las dimensiones de la tragedia que estamos viviendo. Ni a los bancos ni a los poderes públicos les interesa que hagamos demasiado ruido. Los unos porque no quieren ver mancillada su imagen corporativa ni aquí ni en el resto del mundo. Los partidos políticos porque tampoco quieren proyectarse hacia la opinión publica y hacia el mundo como lo que son: auténticos estados fallidos incapaces de satisfacer las demandas mas elementales de sus conciudadanos.

Por eso quieren que nos marchemos de nuestras casas en silencio. Que abandonemos nuestros hogares sin hacer ruido. Temen que nos organicemos y que empecemos a hacer frente a los desalojos.  Resistir a los desahucios significa desafiarles, plantarles cara, mirarles de igual a igual. Nuestra casa es nuestra fuerza, y si nos vamos sin lucharla es como si nos rindiéramos sin plantar batalla; es como retirarnos sin haber medido nuestras fuerzas; es como entregarnos antes de tiempo. Nuestra casa es nuestro instrumento de lucha; nuestra palanca de presión; nuestra mejor aliada.