Hace dos años y medio, cuando en el
Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se aprobó la creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaria junto con el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, desde nuestra plataforma ya mostramos nuestro escepticismo ante la utilidad real de esta medida: la ley está en contra de las personas
afectadas por la hipoteca, y las soluciones llegan mediante la presión del colectivo
a las entidades financieras. También nos preguntamos entonces cuántas viviendas
se podrían alquilar o rehabilitar en nuestra ciudad con los 100.000 euros
anuales que costaba aquel convenio con el ICAAH.
En cualquier caso, esta oficina
no resuelve los problemas habitacionales. Y es perfectamente compatible con la
reivindicación que seguimos manteniendo con la acampada de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca en la Plaza de Cervantes: la creación de un parque de
vivienda municipal en alquiler social y la habilitación de viviendas de emergencia
para las situaciones de falta de alternativa.
Una oficina de intermediación
hipotecaria, como su nombre indica, no resuelve los problemas de vivienda no
hipotecarios: los de aquellos vecinos que no pueden afrontar el alquiler, como
nuestros compañeros Jenny y Juan Carlos; los de aquellos que ya han sido
desahuciados por no poder pagar el alquiler, como Ramón, Yolanda y sus dos
hijos; o los de aquellos como Susi y sus dos hijos menores, sin vivienda, que
no pueden acceder siquiera a un contrato de arrendamiento y van de casa en casa
de sus familiares.
Mientras se inaugura la oficina,
nuestras compañeras, como otros muchos vecinos de Alcalá, continúan sin recibir
soluciones desde la Concejalía de Vivienda. En la acampada seguimos aguantando el
frío, la lluvia y la falta a la verdad de la concejala cuando afirma que ya se
han ofrecido soluciones a los casos más graves que conocemos desde la
plataforma. Mientras se inaugura la oficina, nuestro compañero Ramón duerme
cada día en la acampada porque es el único lugar que le queda tras ser
desahuciado el 16 de septiembre, y nuestra compañera Susi va cada día de casa
en casa de familiares que puedan acoger a sus hijos.
Del mismo modo que en anteriores reuniones
ya le trasladamos nuestras preocupaciones sobre el alquiler, se le habrían trasladado
con mucho gusto a la concejala de Vivienda los motivos que nos hacen dudar de
la utilidad última de esta oficina, de habernos solicitado nuestra opinión al
respecto. Nuestra PAH siempre se ha ofrecido a colaborar en la búsqueda de
soluciones.
Lamentamos, sin embargo, que lo
que la concejala nos prometió como una mesa abierta a los movimientos sociales
en la que se iban a tratar los problemas de vivienda de nuestra ciudad se haya
transformado en solo dos meses en la misma oficina de intermediación
hipotecaria aprobada hace ya dos años y medio; en esta ocasión, sin conocer aún
cuánto costará a las arcas municipales el acuerdo marco firmado con el Colegio
de Abogados. Con los 100.000 euros anuales de hace dos años y medio se podían
haber rehabilitado las viviendas en propiedad del Ayuntamiento y el Ivima que
permanecen vacías en nuestra ciudad.
Mientras no se atienda el
problema urgente de falta de vivienda que sufren nuestras vecinas, seguiremos
reivindicando la única solución que en la actualidad puede solventar este drama:
la existencia de un parque público de vivienda municipal en alquiler, accesible
a todas las personas independientemente de sus ingresos. Ninguna reivindicación
antisistema, sino el mismo derecho a una vivienda digna que propugnan nuestra
Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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